La “Guerra por el Gas” de octubre del 2003 y la lucha contra la impunidad

 ESCUCHAR AUDIO (realizado por Columna Bernardino Racua (Colectivo de obrerxs audiovisuales)

En septiembre y octubre de ese año, murieron otras 66 personas, una gran mayoría por disparos de bala en la cabeza y/o en el pecho, en lo que en Bolivia se conoce como “La Guerra por el Gas”. Ante la masacre que se estaba cometiendo contra vecinos que solamente tenían palos y piedras para tratar de defenderse, una gran mayoría de la población boliviana salió a las calles y expulsó del país al gringo Sánchez de Lozada. ¿Por qué se ordenó usar metralletas y fusiles contra gente desarmada?

Hasta el año 1999 habíamos vivido, desde por lo menos 1985, el tiempo del cinismo neoliberal: todas las empresas estratégicas del país habían sido vendidas, o, casi regaladas a empresas transnacionales, (de ahí que la gente inventó una palabra para Sánchez de Lozada: el “gringo vendepatria”) Quince años de represión, de despidos de trabajadores, de tanta pobreza, el silencio parecía dominarlo todo. El año 2000, comenzaron a escucharse las voces del desacuerdo: no se permitirían más ventas de nuestros recursos naturales, desde la Guerra del Agua, hasta los inmensos bloqueos camineros campesinos e indígenas. Poco después, en medio del juego electoral, el 2002, Sánchez salió de nuevo elegido presidente de la república con un 23% de la votación frente al 22% obtenido por Evo Morales.

Cuando el gringo anunció en febrero del 2003 un “impuesto al salario”, “recomendado” por el FMI, tuvo que suspender de inmediato la medida arrinconado por el enfrentamiento armado de sus propias fuerzas represivas y por la gente en las calles: la policía nacional se amotinó en la ciudad de La Paz contra el “impuestazo”, y se enfrentó a balazos con los militares que fueron enviados por Sánchez de Lozada, en plena Plaza Murillo donde está el Palacio de Gobierno. La gente salió a las calles para apoyar el motín policial y ardieron todas las oficinas de los ministerios públicos y sedes de los partidos políticos “tradicionales” que se hallan en el centro de la ciudad. Fueron 33 personas fallecidas en esas jornadas denominadas como la “Guerra contra el impuestazo”.

Un medio televisivo anunció: “Si eso pasó con el “impuestazo”, ¿Qué pasará cuando el gobierno anuncie públicamente que se va a vender el gas?”. Entonces se supo que el gobierno tenía un plan para vender el gas natural por Chile, trato que iría a firmarse sin dubitaciones y sin consulta alguna al pueblo de Bolivia. Hubo una gran discusión nacional: ¿Porqué el gas tendría que salir por un puerto chileno? (existe una vieja rencilla con Chile, país limítrofe que en la Guerra del Pacífico de 1879 despojó Bolivia de su salida marítima, lo que es constantemente retomado en el imaginario popular del país como una afrenta), cuando las comunidades indígeno campesinas del altiplano norte se movilizaron ese septiembre para impedir que el gobierno vendiese el gas plantearon algo que pronto rebasó la polémica sobre el lugar por donde se realizaría la exportación: se debería industrializar el gas aquí y se debía anular la ley de privatización de este recurso natural dictada por el primer gobierno de Sánchez de Lozada, que impedía al país aprovechar los ingresos generados por la producción hidrocarburífera.

MEMORIAS DE GUERRA
Octubre de 2003, fue como una conjunción de todas las memorias de lucha de nuestro país, fue el punto en que conocimos las dimensiones de nuestra propia fuerza colectiva: casi todas y todos salimos a las calles: estaban en las barricadas y en las marchas los trabajadores mineros, salieron los vecinos de la ciudad de El Alto, estaban los comerciantes, estudiantes, mujeres, hombres, ancianos, jóvenes, niños, todos alrededor de la inmensa fuerza las comunidades indígenas que aparecían súbitamente por tantos lugares que era imposible nombrarlos a todos. ¿Cómo explicar sino todo lo que vivió Bolivia estos últimos años?, ver esa fuerza auto-organizativa de la gente es el basamento para entender lo que vive Bolivia hasta ahora.

En las comunidades del altiplano rural se inició la lucha: fueron ellas las que llamaron a una huelga de hambre y un bloqueo de caminos y productos agropecuarios, en septiembre del 2003, primero para exigir la liberación de un dirigente comunal acusado por el linchamiento de un ladrón de ganado en su comunidad, y luego, para demandar un categórico no a la exportación del gas natural.

Cuando el gobierno de Sánchez de Lozada y su siniestro ministro de Gobierno, el “zorro” Carlos Sánchez Berzaín, ordenaron el desbloqueo y el “rescate de turistas” que quedaron varados por el bloqueo en las comunidades al norte del departamento de La Paz, mataron en la rebelde Warisata de la provincia Umasuyus -localidad cercana a la conocida localidad de Achacachi, epicentro de las rebeliones indígenas de todos estos años- a una niña de ocho años con un disparo en el pecho, quién trataba de ver lo que ocurría a través de su ventana, eso no era producto de una “bala perdida”.

Luego cayeron otras dos personas. Ni “Goni” ni su ministro imaginaron lo que habían provocado: al día siguiente, con mucha indignación, las comunidades aledañas salieron a la plaza de Warisata, donde se velaban los cuerpos, llevaron sus viejos fusiles máuser de la época de la Revolución Nacional de 1952. ¡Guerra civil!, gritaron al unísono cientos de personas, mientras hacían disparos al aire. Era ver a toda una parte de la historia del país, la memoria de guerra comunal aymara, indígena, saliendo desde muy adentro, desde los rincones más olvidados del área rural: eran los “indios” que anunciaban estar listos para ir al combate contra el “gobierno asesino”, dijeron. El llamado “Ejército Indígena” creado el año 2000, salió al apronte, y ese ejército no es otra cosa que las comunidades en estado de guerra comunal cuya mayor fuerza es su masividad, algo así solo había ocurrido en 1899, durante la época de la Guerra Federal boliviana.

Entonces, desde la ciudad de El Alto, una altiplanicie que rodea a la ciudad de La Paz, surgieron otras historias de la rebelión: esa ciudad, una de las más pobres de Bolivia y a casi cuatro mil metros de altura, se construyó por el empeño de sus habitantes, en el lugar que 200 años antes, había sido el bastión de las tropas indígenas comunitarias, en la insurrección anticolonial más grande de estas regiones. “El Alto de la Batalla” la llamaron entonces. Dos siglos después, continuó siéndolo.

Miles de vecinos salieron a la calle desde el miércoles 8 de septiembre, el jueves 9 ¡la policía y los militares habían atacado a los trabajadores mineros del departamento de Oruro, que llegaban por un camino de El Alto, para reforzar a los aymaras del altiplano! José Luis Atahuichi de quien sus compañeros dicen murió a causa del estallido de una granada, (la versión del gobierno: fue una dinamita mal manejada por él mismo), fue la primera víctima mortal. Los vecinos alteños de zonas aledañas salieron a pelear junto a los compañeros mineros, -muchos alteños son ex trabajadores mineros despedidos de sus fuentes de trabajo en 1986-, hubo muchos detenidos que fueron brutalmente golpeados.

Luego los vecinos salieron e hicieron más barricadas, no nos callarán esta vez, dijeron, cuando supieron que otro vecino, había sido muerto por un disparo de bala. La respuesta del gobierno fue atroz, el sábado 11 de septiembre, después de haber firmado un decreto mediante el cual prácticamente se autorizaba la masacre, ordenó la llegada de convoyes de militares acompañando una caravana de cisternas que trasladaban, desde la Planta de Senkata en El Alto, gasolina hacia la ciudad de La Paz, la cual días antes, por el bloqueo comunal y vecinal, había quedado sin abastecimiento de combustible: la gasolina ensangrentada se la denominó.

Las metralletas tableteaban y también los disparos de los fusiles de los soldados, hay una imagen impresionante de la tarde de aquel 11: una ametralladora dispara desde un tanque a una altura donde están vecinos parapetados, de repente sale uno de ellos arrojando una piedra hacia el tanque ¿qué podría lograrse con eso? Era igual que cuando una anciana salió con un palo hacia una tanqueta del ejército y la golpeaba y en las manos de esa anciana estaba la furia e impotencia de todo un pueblo que veía como se disparaba a matar a nuestros hermanos y hermanas en medio de la oscuridad: los militares habían cortado la luz para perpetrar la masacre.

Alex Llusco murió con un disparo de bala en la cabeza cuando intentaba desde la terraza de su casa, ver que sucedía allá lejos, en la avenida principal, explicaron su madre y su abuela en el velorio. Cuando se supo que nuevamente otro niño caía por la represión militar, estalló definitivamente la insurrección en todo el Alto y en una gran parte de la ciudad de La Paz. En la noche mientras las dos radios al aire transmitían la masacre de El Alto, las laderas paceñas, antiguas zonas obreras, salieron a hacer barricadas, y al día siguiente La Paz estaba llena de fogatas en cada esquina. El 12 de octubre, se protagonizó la represión más dura del régimen contra los vecinos: militares llegaron por la carretera norte que une El Alto con las provincias, y asesinaron a cerca de 40 personas.

En Villa Ingenio, los militares pasaron disparando a las casas: ¡Salgan a pelear, perros!, gritaban a los vecinos que estaban ocultos en sus domicilios, inermes. Allí cayeron muchas personas y las familias escondieron a sus hijos pequeños y a las mascotas bajo las camas para no ser alcanzados por la lluvia de balas. Los vecinos que fueron heridos no podían recibir ayuda alguna, estaban tirados en media carretera, muchos murieron desangrados, los llamados por ayuda médica a las radios eran desesperados y los muertos ya eran incontables.

“48 horas de masacre y El Alto sigue de pie”, decía un semanario de izquierda, efectivamente, la rebelión había sobrepasado cualquier estructura de organización vecinal, era la gente que se organizó por cuadras y manzanas para hacer vigilias, fogatas y ollas comunes para resistir. No había vuelta atrás, se quería la renuncia de Sánchez de Lozada y todo su gabinete. Luego la muerte llegó a las comunidades sureñas de Chasquipampa y Ovejuyo, que al saber de la muerte de persona salieron y cercaron la zona sur de La Paz, la más pudiente.

Por el otro lado de la carretera llegaba otro contingente popular: eran los mineros de Oruro, “¡Los mineros volveremos! Hemos dicho, y hemos vuelto”, decía Porfirio, un trabajador minero, refiriéndose a la promesa histórica de 1986, cuando salieron despedidos cerca de 30 mil mineros en el inicio de la época neoliberal. Efectivamente prometieron que retornarían, y lo hicieron con sus guardatojos y las dinamitas que traían en las manos, para apoyar en la lucha a los alteños. Los militares los detuvieron a la mitad de su recorrido, dispararon contra los buses y volquetas que los trasladaban, allí murieron el 15 de octubre otras dos personas e hirieron a muchas otras. Las asambleas de los otros mineros que quedaron en sus lugares de trabajo, decidieron llegar a El Alto y no aceptar ningún diálogo con el gobierno:

“El único derecho que tiene el pueblo en este momento es salir a las calles...” anunció una persona por la radio, y, en efecto, la ciudad de La Paz, estaba colapsada e inmovilizada por ríos de gente que bajaban de todos los lugares, eran marchas pequeñas y grandes de vecinos que tomaron toda la casi toda la ciudad, (menos las zonas más pudientes, por supuesto) y se protagonizaban enfrentamientos todos los días con la policía que había tomado el centro de la ciudad de La Paz. “Los ancianos iremos primero, a plaza Murillo a tomar el palacio, nosotros ya hemos vivido. La primera fila va a morir, la segunda también, en la tercera fila van a ir los jóvenes, ellos ya van a ingresar a la plaza”, así contaron algunas personas, y era una de la cosas de las muchas que se estaban pensando cuando la multitudinaria marcha que llegó de El Alto a la ciudad de La Paz, al grito de “¡Ahora sí, guerra civil!”, pretendiendo llegar hacia Palacio de Gobierno aquel 13 de octubre. Ese día, La gente cantaba el himno nacional, para luego agarrar piedras y palos para tratar de ingresar al lugar. En El Alto los vecinos armaron “super barricadas” con ladrillos y piedras que medían dos metros de alto, miles de vecinos en el centro de El Alto, movieron inmensos vagones de trenes como barricadas, en otras zonas empezaron a construir “catapultas caseras” con baldes y bañadores de plástico y algunas cuerdas.

El ambiente era muy tenso, y más aún cuando se supo que columnas del Ejército Indígena llegaba por los antiguos caminos entre los cerros altiplánicos, lo hacían armados de sus máuseres, un dirigente comunal nos contó cómo llegó con un amuleto (una piedra fundida por un rayo), su máuser y tres balas. Ya antes, los vecinos alteños de las vigilias vieron llegar el primer contingente como sombras en el anochecer: “...se vieron camiones que venían con luces encendidas, afortunadamente mientras más se acercaban nos dimos cuenta que habían unos campesinos que venían con ponchos, ellos nos decían: calma, calma, somos nosotros, somos los achacacheños que venimos dispuestos a ofrendar la vida, levantaron el poncho y llevaban algunas armas”, atestiguaba un hermano de la vigilas alteñas.

Otros departamentos se pronunciaron y las movilizaciones se iniciaron en casi todos los departamentos del país, la clase media de La Paz comenzó una huelga de hambre pidiendo la renuncia del presidente. Los aliados políticos de éste, abandonaron el barco y eso definió la caída de “Goni”.

Cuando se supo que Sánchez de Lozada, aquel 17 de octubre había decidido renunciar y huía a Miami en un avión, se desató el festejo de un pueblo que había resistido casi un mes de represión y que había logrado la fuga de un presidente. Fue una bienvenida apoteósica a los trabajadores mineros y a todos los marchistas que llegaban desde Oruro, la marcha era inmensa. La gente se abrazaba en las calles, muchos sólo pudieron mirar y recordar con lágrimas en los ojos a los fallecidos, en El Alto se hacían estallar cohetones y dinamitas para anunciar la caída del “gringo matagente” (otro epíteto de los muchos que se inventaron para el ya ex-presidente de la república).

Tal fue la fuerza de auto convocatoria de la gente, de la capacidad de indignarte y salir a las calles y no rendirte, para muchos compañeros y compañeras eso significó pasar por encima del dolor y el miedo. Por eso se usó armas contra la gente que tenía piedras: un fusil, una metralleta no pueden callar a miles y miles de personas.

Para enero de 2004, pudimos aglutinar e identificar a quiénes eran familiares de los fallecidos y los heridos. Finalmente, ese enero, se conforma el Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades, con el apoyo de 57 organizaciones sociales grandes y pequeñas. El fin del Comité es buscar el Juicio de Responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores, por las 67 víctimas y los más de 400 heridos de la Masacre de octubre, el gobierno sólo reconoce solo 60 víctimas por esos hechos, a los otros no los han reconocido como víctimas de la masacre. El Comité se constituye, entonces, en pro de justicia pero paralelamente para apoyar a las víctimas. Nuestro trabajo también fue y es ver que éstas puedan acceder a la justicia y ayudarlos después de las muertes de sus familiares.

Por lo general las estas personas que perdieron a un ser querido, eran y son muy pobres, muchos no tenían un grado de instrucción algunos, no sabían leer ni escribir. En el caso de muchas mujeres tenían una economía familiar sustentada por el esposo, cuando muere éste, hay una transición y existen madres viudas, sin trabajo fijo, con varios hijos. O al revés, en el caso del compañero Teófilo Balcazar, es padre de familia, en octubre de 2003, murió su esposa embarazada por un disparo de bala, y él se quedó con 7 hijos a su cargo. Eulogio Samo, herido por un disparo de bala, no tenía dinero ni siquiera para poder pagar un pasaje de transporte público, debía pedir prestado algo a sus compañeros, finalmente falleció sin haber podido curarse del todo. Otro herido, Victor Pari, se suicidó a causa de las secuelas que le habían dejado sus heridas.

En muchos casos se destrozaron familias, éstas conforman una Asociación de Familiares, y que sirvió mucho para que, entre las personas que habían perdido a alguien en la masacre, puedan ayudarse entre sí. Es algo que hay que sentirlo desde adentro, porque en realidad se destruyeron familias enteras, en otros casos la madre no pudo hacerse cargo de la familia y los hijos comenzaron a dispersarse, al igual que ha sucedido en el caso de los padres. Tuvimos que afrontar, incluso, casos de demencia en señoras quienes llegaban a desprenderse de la realidad, vimos casos de alcoholismo, es por eso que focalizamos la ayuda. En otros casos fueron otras personas las que se aprovecharon del monto económico de cooperación que se les dio a los familiares de los fallecidos. Existieron casos de familias que no tenían trabajo y estaban en condiciones de indigencia.

Ha habido una simbiosis entre la asociación entre el Comité Impulsor y la asociación, ayudamos en la parte jurídica pero también la parte social, ahora a 5 años de nuestra conformación, seguimos fuertes, en medio de un escenario muy conflictivo y doloroso. Desde el Comité tratamos de dar a los familiares todos los mecanismos para que ellos puedan pertenecer a esta asociación y con propia autodeterminación, eso fue una especie de colchón para que no se desintegren más familias, y que logró absorber el dolor y el impacto de las muertes. Hoy la Asociación de Familiares es la más digna, y en base a esa conjunción lograron mucho, con la firme determinación de seguir adelante.

La acusación por la cual se lleva adelante el Juicio a Sánchez de Lozada es por Genocidio en su categoría de Masacre Sangrienta. Mediante el decreto supremo 27209, el ex presidente Sánchez y sus ministros, comprometieron recursos económicos por cada vida que se irían a perder. El decreto de la Muerte, como lo hemos denominado, dice que por las pérdidas materiales o humanas habrá un resarcimiento de 50 mil bolivianos más 5 mil bolivianos, por los gastos mortuorios, entonces básicamente es ese decreto en el que nos amparamos para enjuiciar a todos aquellos quienes han firmado el Decreto de la muerte que autorizó las Fuerzas Armadas para matar a la gente. En septiembre y octubre de 2003, en algunas zonas se desplegó un operativo de terror, en zonas como Villa Ingenio, no había gasolineras ni lugares que resguardar, pero se ingresó con balas de guerra, efectivos militares y se mató a objetivos seleccionados. El 80 % de los fallecidos lo son por impactos de balas en el pecho o en la cabeza: existía la intencionalidad de matar y es por eso se ha establecido el juicio a Sánchez de Lozada y su gabinete ministerial. Se ha logrado ampliar la imputación a los cinco generales del gobierno de Sánchez, aducen que había la orden gubernamental, pero ellos podían recurrir de manera conciencial a no cumplir esas órdenes.

El Juicio a Sánchez de Lozada fue difícil y ha tenido muchos obstáculos. Básicamente tuvo cuatro etapas: la primera batalla que ganamos es la aprobación congresal, que se logró en octubre de 2004. Después de una serie de movilizaciones, logramos hacer aprobar el juicio en medio de partidos de derecha que eran aliados en su momento a Sánchez: emenerristas, (del MNR), miristas (del Movimiento de Izquierda Revolucionaria). Luego vino la parte de la investigación, la etapa preparatoria, que pudimos sortear a pesar de la muerte “casual” del mayor investigador de la policía en un accidente de tránsito, donde se perdió la computadora portátil que contenía toda la información, si bien eso nos hizo retroceder un poco, pudimos avanzar. En esta parte preliminar de la investigación, fundamentamos pruebas porque ha sido un delito lo que sucedió el 2003. En la tercera etapa, se logró que se apruebe la Imputación Formal el 2005. Nos hallamos peleando la cuarta y última etapa para establecer la hora y la fecha de inicio del juicio. Una vez más los operadores de Sánchez de Lozada que se hallan en el aparato de justicia, a través de chicanerías jurídicas que han entrampado el proceso, han retrasado la fijación de esta fecha que tenia que hacerse hace una semana. Tenemos la esperanza que para enero de 2009 se consiga la hora y fecha, donde mostraremos pruebas y se tendrá que emitir la sentencia. Se han ganado las 3 etapas que nos marcamos y esperamos la última fase.

El proceso de extradición de Sánchez de Lozada, que se halla prófugo en Miami, llegó ya a Estados Unidos, y ahora es parte de un proceso donde las autoridades norteamericanas tienen que revisar todo el expediente enviado vía exhorto suplicatorio. Pensamos que será muy complejo y difícil, esperamos que con el nuevo gobierno se pueda facilitar la extradición, sin embargo, se debe tomar en cuenta que el asesor de Obama, Gregory B. Craig, era abogado de Gonzalo Sánchez de Lozada, no confiamos en nada, pero por dignidad seguiremos en el trámite por la extradición.

Canción: "Octubre negro" de Hugo Quispe

¡Escuchar ahora!