Quince comunidades mixtecas de la costa y sierra sur oaxaqueñas, expresaron en una asamblea regional su rechazo a la posible construcción de la presa hidroeléctrica “Paso de la reina”, porque serán afectados más de 25 mil indígenas y más de tres mil hectáreas productivas de ejidos y comunidades.
Estos pueblos pertenecen a los municipios de Santiago Ixtayutla, Santiago Jamiltepec, Santa Cruz Zenzontepec, Taltaltepec de Valdés y San Pedro Tututepec.

Denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad desde hace más de un año ha realizado visitas para promocionar los beneficios que según ellos traerá la presa, indicó Ana María García Arreola, del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde.

Sin embargo han incurrido en violaciones muy graves en cuanto al derecho a la información y presionan a autoridades agrarias y municipales para que den la anuencia para que el proyecto se ejecute.

La CFE ha manejado, dijeron, como chantaje que las comunidades tendrán carreteras, caminos, hospitales, empleos, restaurantes, hoteles y que si no aceptan el gobierno no les dará estas obras.

Expresaron que este megaproyecto traería enormes afectaciones, como inundaciones a comunidades en la zona baja debido a la construcción del embalse y cortina de la presa.

Así también el enorme impacto ecológico en la región al obstruir el cauce natural del Río Verde, como la desaparición de variedades de peces, plantas nativas, la afectación al ciclo de la lluvia, la disminución de la humedad y el secado de manantiales.

El parque natural lagunas de Chacahua, sería uno de las reservas afectadas, indicó por su parte Inti Escalona, de la Asociación Civil La Ventana.

Al inundarse las comunidades, la población estaría obligada a desplazarse a otros lugares, golpeando la cultura y procesos comunitarios de los pueblos, señaló el ambientalista.

Mencionó  que la región vive de la agricultura, la ganadería, de la pesca, por lo que a la llegada de la presa todo esto se vería afectado, pasando de ser los dueños de la tierra a ser desplazados, terció por su parte, Rolando González de la Comisión de Derechos Humanos Ñuu Ji Kandii.

Las autoridades argumentaron que les asiste todo el derecho según las diversas leyes nacionales e internacionales, sobre todo la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la recién aprobada declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

También denunciaron que el diputado Antonio Iglesias del PRI, ha presionado a las autoridades municipales para que se realice el proyecto, argumentando que va a traer desarrollo y trabajo para la región.