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Debido a las amenazas e intimidaciones en contra de la familia de Marcelino Coache Verano, integrante de la APPO, y sus defensores legales, diversas Ong´s de Derechos Humanos y la Sección XXII del magisterio, exigieron al gobierno federal y del estado, “garantice la seguridad e integridad física de Marcelino Coache y toda su familia” y “ponga un alto a la inseguridad y represión contra defensores de Derechos Humanos”, mencionaron en un comunicado.
Y es que, luego de que el integrante de la APPO, interpusiera una demanda penal ante la Procuraduría de Justicia del Estado, por la tortura y secuestro, el pasado 4 de marzo, el hijo del activista, Edgar Coache Rivera, “sufrió una acto de hostigamiento” en el que “sus agresores lo amenazaron diciéndole que ya lo tenían bien ubicado y que se lo habían advertido a su padre que no denunciara”.
Asimismo el 25 de abril, Reyna Rivera, esposa de Coache Verano, recibió amenazas vía mensajes telefónicos en los que le “advertían a Marcelino que parara de chingar la madre y firmaba C ALBERTo” , al mismo tiempo Alba Cruz Ramos, una de las abogadas que asumió la coadyuvancia de la denuncia penal, y el padre Romualdo Francisco Mayrén Peláez (padre Uvi), recibieron mensajes telefónicos de amenazas de muerte para ellos y para “las defensoras de derechos humanos y abogadas del caso”.
Ante estos hechos el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad, Comisión Diocesana de Justicia y Paz, Sección XXII, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijeron que "estos hechos constituyen un obstáculo al trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos".
En tanto, responsabilizaron a Ulises Ruiz Ortiz, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, procurador de Justicia del Estado y a Javier Rueda Velázquez, secreatario de Seguridad Pública “de cualquier agresión, ataque físico, moral y psicológico de nuestros compañeros en riesgo”.
Finalmente, las Ong´s oaxaqueñas y la Sección XXII exigieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos “otorgue medidas cautelares a favor de la familia Coache Verano y a todos los defensores de derechos humanos que sufrieron las amenazas, para salvaguardar su integridad física y psicológica”.
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