México D.F., 23 de marzo de 2010 (Cencos).- El Estado mexicano ha sido señalado como violador de los derechos humanos de los migrantes en tránsito por el territorio nacional durante la audiencia pública sostenida en la CIDH en Washington el lunes pasado, en la cual el presidente de la misma y relator especial sobre Trabajadores Migratorios, Felipe González, calificó al grado de  tragedia humanitaria.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos que solicitaron la audiencia a la CIDH, expusieron ante el organismo internacional y una delegación del Estado mexicano que tan sólo en los últimos seis meses han sido secuestrados 9 mil 758 hombres y mujeres, la mayoría centroamericanos, en la ruta migratoria sur-norte.

Señalan al Estado mexicano como violador de los derechos humanos de los y las migrantes por omisión, ante la falta de contundencia para solucionar este problema, y por comisión ya que está comprobado que funcionarios públicos a nivel municipal, estatal y del Instituto Nacional de Migración (dependiente de la Secretaría de Gobernación) han participado, señaló Blanca Martínez, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, una de las organizaciones peticionarias de la audiencia.

Luis Arriga Valenzuela, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), también peticionario, explicó que en el paso de los migrantes están presentes todas las formas de violación a los derechos humanos de ellos y ellas e incluso de sus familias, entre los que destacan abusos sexuales, tortura física y psicológica, explotación laboral y sexual, entre otros.

Otro punto crítico sobre este tema, dijeron las organizaciones, es la falta de garantías, seguridad, criminalización y condiciones de extremo riesgo  que tienen que enfrentar los defensores de los de derechos humanos. Activistas como el sacerdote Alejandro Solalinde, que coordina la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano y dirige un refugio para migrantes en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, desarrollan su trabajo de defensa entre hostigamientos e incluso ha sido arrestado por las autoridades municipales.

Otro caso emblemático es el de el sacerdote Pedro Pantoja Arreola, que dirige el albergue Belén, Posada del Migrante en Saltillo Coahuila, quien sufre un constante acoso, y al cual incluso se le han otorgado medidas cautelares por considerar que su vida corre peligro.

Frente a este panorama, el Estado mexicano no ha implementado una política integral y de gran alcance. En su participación en la audiencia pública, a decir de Leopoldo Maldonado, integrante del Centro Prodh, el Estado mexicano dio respuestas evasivas, intentó promover otro tipo de avances en
política migratoria pero que luego fueron refutados por las organizaciones peticionarias.

Las organizaciones peticionarias de esta audiencia ante la CIDH fueron: Centro Prodh, el Servicio Jesuita a Migrantes en México; Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana; Casa de Migrantes Hermanos en el Camino; Albergue de Nuestra Señora de Guadalupe A.C.; Albergue Guadalupano de Tierra Blanca; Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Frontera Con Justicia A.C. y Humanidad Sin Fronteras.

Centro Nacional de Comunicación Social