A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA DEFENSA DE LOS  DERECHOS HUMANOS
A LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO FEDERAL Y ESTATAL
A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO EN GENERAL
 
En nuestro Estado, día tras día caen asesinados indígenas, mujeres y hombres del campo en enfrentamientos  por presuntos conflictos de tierra o por ejecuciones extrajudiciales bajo cualquier pretexto, de esto han tenido conocimiento los diversos organismos defensores de derechos humanos y se han elaborado informes especiales como el del Caso Agua Fría en 2002 o el Caso Especial de la Región Loxicha en 2003 por parte de la CNDH, nada ha cambiado, los muertos se siguen acumulando por decenas y las responsabilidades de los tres niveles de gobierno por omisión o comisión son aberrantes.

En octubre del año pasado se solicitó a la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos  se nos informara el número exacto de las personas asesinadas, el número de Averiguación  Previa iniciada en cada uno de los casos y la situación que guardan las mismas, incluidos los nombres de las personas procesadas o sentenciadas por dichos homicidios en la Región Loxicha, respondiendo que no cuenta con esa información, es decir, a pesar de la cotidiana violación al derecho a la vida de indígenas ni siquiera se cuenta con un registro de número de casos; se nos sugirió que dicha petición la hiciéramos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, así lo hicimos y este es el momento que no hemos recibido ninguna respuesta. 

La desigualdad en el tratamiento a los casos de indígenas, campesinos o pobres es abismal, respecto a los casos que tienen que ver con personas de la política, del espectáculo o de quienes tienen poder y dinero para el acceso a la justicia.
 
Ante esta situación, en la Región Loxicha la guerra etnocida sigue su curso en contra de los hombres y mujeres que además de la pobreza y marginación enfrentan el miedo a los policías, militares y paramilitares auspiciados por las mismas autoridades en contubernio con caciques y grupos de poder locales.

Aparte de vivir con miedo  en sus propias comunidades, la falta de los satisfactores mínimos para preservar la vida los obliga a emigrar en busca del sustento de la familia y en muchos casos para ponerse a salvo de la persecución.

Por lo que se solicita muy atentamente:
Se investigue y haga público el número de ejecuciones extrajudiciales en la Región de los Loxicha a partir de 1996 Averiguación  Previa iniciada en cada uno de los casos y la situación que guardan las mismas, incluidos los nombres de las personas procesadas o sentenciadas por dichos homicidios.

Implementar medidas precautorias para preservar la vida y la libertad en las comunidades de la Región Loxicha, donde desde las representaciones municipales y el gobierno municipal se genera la violencia. Cito el caso del compañero Félix Martínez Santiago de la comunidad de Tierra Blanca San Vicente, Loxicha, que en diversas ocasiones han realizado disparos de arma de grueso calibre cerca de su domicilio.

 Mantener vigente el exhorto del Senado para que el Ejecutivo Federal y el gobierno del Estado realice una revisión exhaustiva del estado jurídico de los indígenas de la Región Loxicha presos en las cárceles estatales para su liberación inmediata ante los indicios de duda razonable que haga presumir su inocencia o bien la posibilidad de otorgarles el beneficio de una pre liberación y una revisión exhaustiva de las ordenes de aprehensión pendientes de ejecutar ante la probable existencia de expedientes prefabricados.

Se investigue cuál ha sido la aplicación de los recursos destinados al gobierno municipal y se generen proyectos de desarrollo integral que permitan el desarrollo pleno de las comunidades.
Implementar mecanismos que permitan resarcir los daños ocasionados con motivo de la represión a las víctimas de esta aberrante guerra contra los indígenas que pareciera busca exterminarlos.
Respetuosamente:
 
Juan Sosa Maldonado
Presidente del Consejo Directivo
Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 25 de febrero de 2010