24 de noviembre de 2008
BOLETIN DE PRENSA
¡Contra la violencia hacia las mujeres y niñas, avancemos un trecho!

La seguridad de las mujeres no es prioridad de los gobiernos
Ley y asignación de recursos para atender la violencia contra las mujeres
 

Al conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas de gobierno estatal y municipal se pronunciaron para que la agenda política y la agenda de seguridad prioricen también la seguridad de las mujeres, invisible frente al combate a la delincuencia organizada que realizan los gobiernos en todo el país.

La reciente reforma a la Ley de Seguridad Pública y la transformación de la Secretaría de Protección Ciudadana en Secretaría de Seguridad Pública el tema está ausente, no hay indicios para la creación de unidades de policía especializada en violencia contra las mujeres, tampoco se identifica una unidad que ejecute las órdenes de protección emanadas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia ni tampoco la creación de centros de reeducación a los hombres que ejercen violencia.

En un acto que reunió a organismos no gubernamentales y los Institutos de la Mujer Oaxaqueña y Municipal de las Mujeres, reconocieron que la violencia feminicida implica la inexistencia del Estado de Derecho, el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional, una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad. 

De forma simbólica se recordó a las 549 mujeres asesinadas y 631 que han fallecido durante sus embarazos, partos o puerperios,  entre 1999 y noviembre de 2008, organismos de la sociedad civil, junto con instituciones de los gobiernos estatal y municipal de las Mujeres, señalaron que mientras los reflectores se dirigen de manera exclusiva al combate del crimen organizado, la seguridad de más de la mitad de la población es invisibilizada o carece de importancia.

Con el lema “Si nos hubiéramos puesto en sus zapatos, ellas estarían vivas”, los organismos públicos y de la sociedad hicieron una instalación con más de 300 pares zapatos de mujeres, para llamar la atención los gobiernos y sus instituciones, así como de la sociedad que sigue ejerciendo violencia machista contra las mujeres y cuyos resultados las lleva a perder la vida por falta de atención o son asesinadas por ser mujeres.

La violencia feminicida ha dejado un recuento preocupante y muestra que para las instituciones la seguridad de las mujeres no forma parte de la seguridad pública, sostienen los organismos y las instituciones, quienes presentaron un pronunciamiento conjunto y cuestionaron cómo los discursos del gobierno federal sobre un combate frontal y decidido contra el crimen organizado se ve reflejado en el presupuesto de egresos de la federación, en la compra de vehículos y armamento o en la contratación de más policías.

En cambio, los programas existentes dirigidos a las mujeres son miserables en término de su presupuesto y patéticos en cuanto a sus reglas de operación. Ni sumando todos los programas etiquetados para mujeres que existen en la actualidad podríamos hacer frente de manera profesional a la violencia.

En ese sentido recordaron que es necesaria una política presupuestaria federalizada, hasta hoy ausente en la Ley General que se pretende armonizar sin el menor cuidado en las entidades federativas y demandaron que el Congreso Federal diseñe un Fondo de Aportaciones nuevo; con éste el Estado mexicano ofrecería una respuesta unificada y contundente al fenómeno de la violencia de género contra las mujeres.

También demandaron eliminar la mediación y la conciliación como mecanismos de resolución de la violencia contra las mujeres, un marco jurídico que asegure la obligación de diseñar, ejecutar y evaluar acciones de prevención, diferenciadas en los ámbitos sociocultural, de las instituciones e individual y que la sociedad perciba la violencia de género contra las mujeres como delito, un problema de derechos humanos, de salud pública y de seguridad pública, lo que sin duda llevará a desnaturalizar el fenómeno y a prevenirlo de manera estandarizada.

Exigieron: que LX Legislatura la aprobación de inmediato la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género; la asignación de recursos suficientes y etiquetados para implementar las acciones necesarias a fin de garantizar un buen funcionamiento del Sistema Estatal para prevenir, atender y sancionar la violencia de género contra las mujeres en el Estado de Oaxaca. 

Eliminar la mediación y la conciliación en los casos de violencia contra las mujeres.  Un sistema eficiente de la información sobre la prevención, atención y sanción de la violencia de género y que en la ley estatal que se expida, únicamente se defina la violencia feminicida, remitiéndose a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como homologar el marco jurídico del estado con las instancias internacionales y la Ley General sobre la materia. 

Nada más ni nada menos, sostienen las organizaciones firmantes del pronunciamiento presentado por activistas de los Colectivos Huaxyacac, Mujeres Lilas, el Consejo Democrático, del Instituto Consejo Democrático, del Instituto de Investigaciones en Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, así como de los Institutos Municipal de las Mujeres y de la Mujer Oaxaqueña.

 549 mujeres han sido asesinadas entre enero de 1999 y noviembre de 2008

Contra la violencia hacia las mujeres y niñas avancemos un trecho.

Oaxaca de Juárez, Oax, a 24 de noviembre de 2008.

La violencia es un acto u omisión donde alguien mantiene el control ejerciendo el poder sobre otra persona.

La violencia contra las mujeres es uno de los grandes problemas estructurales que dan cuenta de la hegemonía y control que se ejerce de unos sobre “otras”.

Los datos disponibles muestran que en Oaxaca el 46% de las mujeres mayores de quince años refieren haber vivido violencia de género en algún momento de su vida.

549 mujeres han sido asesinadas entre enero de 1999 y noviembre de 2008.

631 más han fallecido por causas relacionadas con la maternidad desde 1999 a noviembre de 2008.

Estamos de acuerdo en que la violencia feminicida implica la inexistencia del Estado de Derecho, el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional, una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad.

La percepción social en general y de los poderes del Estado en particular son un indicio evidente de la desigualdad de trato en cuanto a la seguridad de las mujeres, mientras los reflectores se dirigen de manera exclusiva al combate del crimen organizado, la seguridad de más de la mitad de la población es invisibilizada o carente de importancia para ellos.

Sin duda las instituciones procuradoras e impartidoras de justicia en el país se encuentran en una situación de crisis y carentes de una visión global de la problemática, para ellos la seguridad de las mujeres no forma parte de la seguridad pública, aunado a la corrupción, la ineficiencia y la falta de capacitación del personal, visto de esta manera habrá de advertir que la atención y sanción adecuada no será posible en los casos de violencia contra las mujeres.

Los discursos del gobierno federal sobre un combate frontal y decidido contra el crimen organizado se ve reflejado en el presupuesto de egresos de la federación, dirigidos fundamentalmente a la compra de armamento, pago a policías, compra de vehículos, entre otros. Sin embargo, el tema de la violencia contra las mujeres por razones de género no está presente, es decir, no forma parte del imaginario colectivo de la violencia social, que frente a su pasiva respuesta exige la renuncia de funcionarios ineptos y carentes de sensibilidad. Es claro que ni en la agenda política ni en la agenda de seguridad  nacional, la seguridad de las mujeres no es prioridad de los gobiernos.

En Oaxaca en la reciente reforma a la Ley de Seguridad Pública y la transformación de la Secretaría de Protección Ciudadana en Secretaría de Seguridad Pública el tema está ausente, no hay indicios para la creación de unidades de policía especializada en violencia contra las mujeres, tampoco se identifica una unidad que ejecute las órdenes de protección emanadas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, ni tampoco la creación de centros de reeducación a los hombres que ejercen violencia.

No se nos olvide  que la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer, firmada por el Estado mexicano considera el derecho de las mujeres a que se respete su integridad física, psíquica y moral; El derecho a la libertad y a la seguridad personales; El derecho a no ser sometida a torturas; El derecho a la igual protección ante la ley y de la ley, y El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra los actos que violen sus derechos.

Si bien es cierto que han existido avances legislativos en Oaxaca, todavía son insuficientes, pues no se ha logrado hacer explícitos los derechos de las mujeres en los diferentes órdenes de la vida social.

El insignificante presupuesto que se ha designado a nivel federal no satisface las necesidades de prevención, atención y sanción del fenómeno, lo que impide a la mayoría de instituciones del orden local dar respuesta adecuada.

Por otra parte, los programas existentes dirigidos a las mujeres son miserables en término de su presupuesto y patéticos en cuanto a sus reglas de operación. Ni sumando todos los programas etiquetados para mujeres que existen en la actualidad podríamos hacer frente de manera profesional a la violencia.

Debemos ser consientes que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género nació pobre, muy pobre, sin los recursos presupuestales apropiados, sin un Fondo de Aportaciones que hiciera posible la coordinación entre la federación, los estados y los municipios.

Enfrentar la problemática que nos ocupa demanda una revisión del actual esquema de coordinación fiscal.

No hay que olvidar que las entidades federativas, sobre todo las del sur, integran su Presupuesto de Egresos mayormente con los recursos que les asigna la Cámara Federal, mediante los Ramos del Gasto Federalizado y algunos recursos adicionales en la Inversión Sectorial.

Los  Ramos del Gasto Federalizado (28 y 33) se componen de Fondos de Aportaciones que llegan a las entidades federativas y municipios, debidamente orientados para su ejercicio y no contemplan ni una vertiente para darle pelea a la violencia de género contra las mujeres.

Ante estas evidencias es notable que:

El fenómeno de la Violencia de Género contra las Mujeres, requiere de una política presupuestaria federalizada, asunto ausente en la Ley General que se pretende armonizar sin el menor cuidado en las entidades federativas. Es urgente que el Congreso Federal diseñe un Fondo de Aportaciones nuevo; con éste el Estado mexicano ofrecería una respuesta unificada y contundente al fenómeno de la violencia de género contra las mujeres, algo que la sociedad civil ha reclamado de manera insistente. El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia pasa por la responsabilidad del Estado y de la sociedad de dar respuesta adecuada y contundente de la situación.
Es necesario eliminar la mediación y la conciliación como mecanismos de resolución de la violencia contra las mujeres pues están totalmente indicados por las razones siguientes: a) sólo se utiliza como un mecanismo de descongestionamiento del sistema de impartición de justicia; b) se sustenta en un proceso centrado en el desequilibrio de poder entre quien violenta “mayor poder” y quien es violentada “menor poder”. En urgente que en Oaxaca se legisle en armonía con lo establecido en el artículo 8, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Advertimos la necesidad de que el marco jurídico del estado de Oaxaca asegure la obligación de diseñar, ejecutar y evaluar acciones orientadas a la prevención de la violencia contra las mujeres por razones de género, mediante acciones diferenciadas en los ámbitos sociocultural, de las instituciones e individual. Asimismo, deben lograr que la sociedad perciba la violencia de género contra las mujeres como delito, como un problema de derechos humanos, de salud pública y de seguridad pública, lo que sin duda llevará a desnaturalizar el fenómeno y a prevenirlo de manera estandarizada.
En Oaxaca aún no se cuenta con una ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, acorde al respeto irrestricto de los derechos de las mujeres
Por lo tanto EXIGIMOS:

Que la  LX legislatura apruebe de inmediato la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.
Asignación de recursos suficientes y etiquetados para implementar las acciones necesarias a fin de garantizar un buen funcionamiento del Sistema Estatal para prevenir, atender y sancionar la violencia de género contra las mujeres en el Estado de Oaxaca.  
Eliminar la mediación y la conciliación en los casos de violencia contra las mujeres. Este enfoque que ha demostrado ampliamente su ineficacia para atender y proteger a las víctimas que ya está fuera de la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, no puede estar contenido en una ley estatal, en razón a que no habría concordancia entre una y otra, al estar en desacuerdo en un aspecto tan crucial.
La violencia contra las mujeres es un asunto estructural, no puede ser tratado por instancias asistenciales a las que se delega la atención de la problemática –situación del DIF y una serie de facultades como la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Consejo-.
Sistematización eficiente de la información sobre la prevención, atención y sanción de la violencia de género, que contemple un sistema único de registro e información estadística de los casos de violencia de género en el estado, dando cuenta de la incidencia, la distribución geográfica, las características de las mujeres afectadas y los tipos de violencia. Información que deberá ser recopilada y sistematizada de manera periódica y centralizada.
Que en la ley estatal que se expida, únicamente se defina la violencia feminicida, remitiéndose a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Homologar el marco jurídico del estado con las instancias internacionales y la Ley General sobre la materia. Nada más, ni nada menos.
 

Si nos hubiéramos puesto en sus zapatos, ellas estarían vivas.

Firmantes.

Soledad Jarquín, reportera.

Bárbara García Chávez, regidora de Equidad y Género del municipio de Oaxaca de Juárez.

Guadalupe Rodríguez, diputada de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados Local

Colectivo Huayxacac:

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos

Centro de atención integral del Valle

Diversidades A.C.

Consorcio para el Diálogo Parlamentario-Oaxaca,

Colectivo Feminista Mujeres Lilas

Grupo de Apoyo a la Educación de la Mujer

Centro de Acción para el Desarrollo A.C

Consejo Democrático A.C

Instituto de Investigaciones en Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Unidas por el desarrollo de la Sierra Sur

Centro de derechos Humanos de la mujer Näxwiin

Instituto Municipal de las Mujeres

Instituto de la Mujer Oaxaqueña