La reforma política propuesta por el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2009, toca diversos aspectos que deben ser materia de reflexión y debate. Por lo pronto aquí revisamos una propuesta que, de prosperar, toca de manera directa a las instituciones y niveles de gobierno y de representación política en las entidades federativas. Es el caso de la reelección de presidentes municipales; para su análisis la experiencia oaxaqueña da varias pistas que deben tomarse en consideración.

La explicación para considerar la reelección de presidentes municipales es la necesidad de ejecutar proyectos de largo alcance, para los que tres años no son suficientes, lo que deriva en que se prioricen acciones y obra pública que puedan concluirse durante la gestión de los munícipes, dejando de lado aquellas necesarias pero que requieren más tiempo para concretarse. Además, por supuesto, del manido argumento del “premio o castigo” a la actuación de un edil que quiera reelegirse. Por ello, la propuesta abre la posibilidad de la reelección hasta por cuatro periodos consecutivos, esto es, 12 años.

Una situación complicada si vemos la realidad municipal oaxaqueña: existen 570 municipios, alrededor del 23 por ciento del total del país; 418 se rigen por los llamados “usos y costumbres” y 152 por el régimen de partidos políticos.

Más complicada aún porque hay una historia de cacicazgos locales y regionales. El omnímodo poder de algunos caciques ha convertido a los ayuntamientos en escudos para protegerse y, bajo su amparo, cometer sus tropelías; pero, dado que no se permitía la reelección han tenido al menos que emplear a otras personas para la formalidad de ocupar los cargos. Es la denuncia que se ha hecho de personajes como Agustina Acevedo en el istmo, los Cruz Bruno en la Mixteca; entre otros. ¿Cómo evitar entonces que, ahora, con la posibilidad de la reelección hasta por 12 años, haciendo uso arbitrario de los recursos públicos, no se perpetúen en el poder?

Ya el hoy diputado local Germán Juárez, fue presidente municipal de Santa María Petapa, descansó  un periodo en que un incondicional suyo ocupó el cargo, y volvió  a la presidencia, para dejarla en manos de su cuñado actualmente; y tanto en el primero como en el segundo gobierno local que presidió, hubo denuncias de sus excesos e irregularidades en la gestión municipal. Y ahora Juárez, con el apoyo de su cuñado pretende llegar, por tercera ocasión a la presidencia.

Pero si alcanzó  la reelección fue merced al dispendio de esos recursos para comprar y/o coaccionar a sus votantes; además de sus servicios prestados a la causa del PRI en la microrregión, en donde hizo del acoso al municipio vecino de Matías Romero, gobernada entonces por el PAN, su principal virtud para congraciarse con los gobernadores en turno.

Más aún. En la zona del istmo, se han presentado dos casos, uno del PRI y otro del PRD, en que los ediles, ante la imposibilidad de la reelección, han dejado a sus cónyuges para el siguiente periodo municipal. Sucedió en Santo Domingo Petapa, en donde primero Fredy Cabrera es munícipe y deja el cargo a su compadre Homero Espinosa Rodríguez (aunque éste compitiera por el PRD); quien a su vez le hereda la presidencia a su esposa Sandra Méndez, luego hay un lapsus en la línea hereditaria, aun cuando queda uno de sus incondicionales, pero sólo un periodo, pues luego el ayuntamiento lo regresa ahora a la esposa de Fredy, Rosa Domínguez Rasgado, quien según denuncian sus paisanos, ahora intenta continuar en la línea hereditaria de sucesión pretendiendo dejar el cargo a su hija.

Otra vez, los votos no fueron premio o castigo a su trabajo como autoridades municipales, sino evidencia palmaria de lo inequitativo de los procesos electorales y de las irregularidades y excesos que se cometen para llegar al poder; y los cacicazgos que se pueden formar.

Y es que amparados en estos medios ilegales y en el uso discrecional de los recursos públicos se crean cacicazgos. Hay familias que detentan el poder real en muchos municipios. En Huajuapan de León, por ejemplo más allá del partido gobernante, en ocasiones el PAN, en otras el PRI; son un par de familias las que controlan el municipio desde hace décadas, como lo prueba el hecho de que las dos presidentas municipales que ha tenido en esta década: Ramona González y la actual Martha Manzanares, una del PAN y la otra priista, son familiares y socias del mismo grupo empresarial.

En el caso de los municipios de usos y costumbres, pese a que se rigen por sus normas internas tienen un tope marcado por la norma constitucional. Así, aún cuando se han presentado algunos casos de reelección, esta situación deriva de que el periodo del gobierno es de un año o año y medio; entonces no hay posibilidad de la reelección de autoridades por un plazo mayor.

Si bien hay un par de casos excepcionales en la región mixe: en Quetzaltepec en una ocasión un presidente municipal fue reelecto por cinco periodos consecutivos de un año; y a fines de los 80s en Ayutla un presidente estuvo en funciones cuatro años, al ser reelecto en igual número de ocasiones.

Sin embargo, eran situaciones excepcionales, pues la pesada carga de gobernar un municipio indígena, siendo que se presta el servicio de manera gratuita y, en los años en que ocurrieron estos hechos la hacienda municipal no contaba con los recursos que tiene en la actualidad.
Precisamente, a la par que se descentralizaron esos recursos vía participaciones municipales, se acrecentaron las tentaciones de perpetuarse en el poder: Fredy Gil Pineda Gopar, edil de Santos Reyes Nopala en 2005-2007, manipuló en 2007 a la asamblea para que lo reeligieran como presidente municipal, aunque así sucedió la prohibición constitucional pesó y se declaró inválido ese proceso, por lo que tuvo que convocarse a otra asamblea.

Aunque en sentido contrario, al parecer, éste si, por el buen desempeño en su administración, Gaspar Salas, presidente municipal de San Juan Teitipac, también fue reelecto en ese mismo año; nuevamente, por la prohibición constitucional, no prosperó.

Entonces, mientras no existan reglas claras para el ejercicio de los recursos de la hacienda municipal, la obligatoriedad de la transparencia para todos los ayuntamientos –en Oaxaca sólo son sujetos obligados cuatro: Oaxaca de Juárez, Tuxtepec, Salina Cruz y Juchitán—; mecanismos de fiscalización, así como instrumentos efectivos de rendición de cuentas, la reforma sólo permitirá el arribo y permanencia de neo caciques locales. Y las reformas legislativas que hizo el Congreso al eliminar los candados para la fiscalización y control en el manejo de los recursos que se descentralizan a los estados y municipios, van en sentido contrario a los objetivos propuestos por la reforma política de fin de año.

Entonces, ¿por qué  no retomar mejor una también vieja demanda de ampliar a cuatro años el periodo de gobierno municipal? Esa podría ser una solución perentoria a la generación de proyectos de mayor alcance. En tanto se modifican las condiciones que, ahora, hacen peligrosa la reelección continua de los presidentes municipales.

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