El caso del municipio de San José del Progreso

La historia de la minería en México y en especial en Oaxaca, es antigua, sin embargo el modelo de saqueo y explotación se implementó con más fuerza en la colonia. A finales del siglo XIX en la época de Porfirio Díaz empresas extranjeras tomaron posesión de las principales minas en el país. Esta situación continúa con empresas de Canadá, Estados Unidos, Australia y Europa.

En el estado de Oaxaca existe una gran diversidad de minerales, como son: plata, oro, plomo, zinc, hierro, titanio y uranio, principalmente. Según datos de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, para el año 2008, las concesiones para la exploración y explotación, cubrían el 12.5% del territorio del estado, lo que equivale a más de un millón de hectáreas.

Se han otorgado 20 proyectos a 15 empresas,  las principales concesiones en Oaxaca: Golden Trump Resources S.A de C.V, Linear Gold Corp, Arco Resources Corp, Zalamera, S.A. de C.V. filial de Chesapeake Gold Corp, Cemento Portland Cruz Azul, SCL, Fortuna Silver-Continuum Resources, Compañía Minera del Norte, Aurea Mining Inc, Linear Metals Corp, Radius Gold, Compañía Minera Plata Real, NewCoast Silver Mines LTD, Aura Silver Resources Inc- Intrepid Mines Ltd.

Por el estudio de varios casos en Oaxaca se comprobó que la llegada de las empresas mineras a las comunidades y municipios ha generado varias afectaciones y ha creado las condiciones propicias para conflictos, que muchas veces terminan en violencia.

En el caso del municipio de San José del Progreso la empresa canadiense Continuum Resources, obtuvo la concesión del proyecto San José, anteriormente denominada Trinidad, con lo cual  empezó a tomar muestras del suelo y otras actividades de exploración. Además empezaron una campaña para convencer a los ejidatarios para la firma de contratos de usufructo para treinta años  y así logró tomar posesión de 200 hectáreas, este proceso continúa. Está en duda la legalidad de este proceso debido a que la asamblea ejidal nunca finalizó el proceso de privatización de sus tierras, por eso todavía son propiedad colectiva.

En 2008 la mina fue comprada por la empresa minera canadiense Fortuna Silver, a través de la filial mexicana con el nombre de Minera Cuzcatlán, bajo una estrategia de protección legal del capital extranjero. Ahora están impulsando de una manera agresiva el reinicio de la explotación que está prevista en mediados de 2011.

Entre las principales afectaciones ambientales, sociales, económicas y culturales están:

Contaminación del agua.

Uso de la fuerza pública para desalojar a los habitantes de sus actividades de manifestación, violando derechos humanos.

Detención y encarcelamiento de activistas de la comunidad.

Corrupción de autoridades municipales y agrarias.

División de la comunidad, mediante la entrega de diversos proyectos a parte de la ciudadanía y contratando a algunas personas de la comunidad pagándole 600 pesos semanales, sin contratos de seguridad ni garantía de continuidad.

Podemos concluir entonces que las prácticas utilizadas por las empresas y respaldadas por los gobiernos estatal y federal son el caldo de cultivo para los conflictos. Mientras se sigan favoreciendo intereses del capital extranjero, de empresarios mexicanos con prácticas corruptas desde el proceso de otorgamiento de las concesiones, hasta la imposición de estos proyectos se seguirán violentando los derechos humanos básicos, a la vida, a la seguridad, a la alimentación, a un medio ambiente sano y en el caso de pueblos y comunidades indígenas, el derecho a la consulta y la información previa libre e informada.

El proyecto minero y la resistencia de la comunidad de San José del Progreso

El tema de la minería en Oaxaca había permanecido sin mayor atención en los últimos años hasta lo ocurrido en el año 2008, en la comunidad de Capulalpam de Mendez, en la región de la Sierra Norte, donde se denuncia la explotación de oro y plata por parte de una empresa canadiense y se pone  al descubierto las diversas problemáticas que trae consigo la minería  y que afectan principalmente al medio ambiente y los derechos que tienen los pueblos sobre los recursos naturales y las tierras.

Un caso ha tomado relevancia en los últimos años,  es el caso de San José del Progreso  y la mina “San José” de la compañía minera Cuzcatlán, S.A. de C.V. Ha llamado la atención a partir de la resistencia que ha mostrado la comunidad frente al proyecto de explotación de Oro y Plata.

Es en el 2006, cuando la Compañía Minera Cuzcatlán comenzó actividades de exploración por barrenación, así como exploración subterránea a través de  obras previamente existentes[1], para la explotación y beneficio de las vetas de oro y plata: Trinidad y Bonanza.

El proyecto abarca dos polígonos de actividad (norte y suroeste) con una superficie total de 92.01 has, y consiste básicamente en la profundización de las obras subterráneas y la creación de infraestructura necesaria para llevar a cabo la explotación de plata y oro durante 12 años de operación.

El proyecto tendrá un tiempo estimado de preparación del sitio y construcción de un año, durante el cuál se pretende desarrollar la infraestructura, servicios, y excavaciones. Este periodo de preparación del sitio se planea llevarlo a cabo durante el 2010.

Se prevé una explotación y beneficio de 1,500 TMS (toneladas métricas secas) por día de mineral durante 12 años, a partir del año 2011, y para ello, la compañía minera Cuzcatlán ha obtenido 4 concesiones, Progreso, progreso II, Progreso II BIS, y Progreso III.

La ley  minera y la comunidad

Un problema medular en la Ley Minera  y en la operación de las mineras, se relaciona con el papel marginal y de división  en el que se  pone a las comunidades.

La exclusión de las comunidades de la toma de decisiones sobre proyectos que involucran cambios fundamentales en su entorno y en su vida ha llevado a situaciones en donde los derechos humanos, entendidos en una perspectiva amplia que incluye los económicos, sociales y culturales y el medio ambiente son severamente lesionados.

La consulta a los pueblos, por su parte, no son mencionados en ningún momento en la Ley Minera, sin embargo este derecho es reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que como compromiso internacional tiene carácter de ley suprema en el derecho mexicano.

En términos de jerarquía constitucional, el Convenio 169 ocupa una posición más elevada que la Ley Minera. Sin embargo, es difícil que este convenio se constituya como herramienta de acceso a la justicia para los pueblos, debido a diversas barreras, como por ejemplo los altos costos y el elevado nivel de especialización requeridos para llevar a buen término un proceso ante tribunales, más aun si estos son internacionales.

La Constitución Mexicana establece que los derechos minerales pertenecen a la nación y no a los propietarios de los terrenos. Esta disposición, junto a la que hace de la minería una actividad prioritaria considerándola superior a usos alternativos de la tierra, desequilibra las relaciones entre las empresas mineras y los propietarios individuales o colectivos de la tierra.

Impactos sociales en la comunidad

Desde su llegada, las empresas mineras  inician y provocan un conflicto social tendiente a dividir a la población, hacen un estudio socio-antropológico de los habitantes del lugar, así detectan el comportamiento de la gente. A los más carentes de escrúpulos los contratan y los utilizan para sus grupos de choque, a otros los controlan con empleos y regalías, incluso les pagan sin trabajar, a los que tienen facilidad de liderar,  los corrompen y los utilizan para controlar a la gente.

Las entidades principales en este control, son las autoridades municipales y los comisarios ejidales, figuras claves para sacar adelante su proyecto.

Como la única forma de que estas empresas operen es a base de corrupción y actos delictivos, su control se extiende hacia las autoridades estatales y federales incluyendo al Presidente de la República. Su poder de corrupción es ilimitado. Intervienen y costean los procesos electorales, escogen sus candidatos a presidentes municipales para  control político de las comunidades.

Todo esto genera un gran conflicto social, los que se oponen al proyecto y los que están siendo “beneficiados” económicamente y los apoyan, dos bandos que en ocasiones llegan a la eliminación física de algunos de sus miembros.

La comunidad de San José del Progreso ha estado viviendo de cerca este conflicto social, provocado por las mentiras de las personas que operan en la Minera Cuzcatlán y la complicidad del gobierno federal y estatal, mientras tanto se ignora la creciente  oposición de la comunidad a la Minera y los graves daños que ha causado el conflicto social a estas fechas. Con estas acciones se sigue ignorando, reprimiendo  y deslegitimando las  luchas auténticas de las comunidades que son  las dueñas del territorio.


Para mas información pueden visitar la página:  http://endefensadelosterritorios.org/