Nuevas muertes han enlutado hogares triquis. Ahora tocó a miembros de la UBISORT, Severino Flores y Anastasio Juárez son las víctimas de la espiral de violencia que hace rato se asentó en la zona triqui.

Antes las balas habían alcanzado a dirigentes del MULT-I: Timoteo Alejandro Ramírez, uno de los principales dirigentes del MULT-I y su esposa fueron también asesinados. E incluso, en abril se dio un ataque a la caravana de organismos civiles que pretendían ingresar a San Juan Copala, que tuvo como saldo la muerte de los activistas Beatriz Cariño y del finlandés Jyri Antero Jaakkola.

En esta historia de violencia, los asesinatos en las últimas dos décadas han alcanzado la cifra de 700 muertos. El MULT señala que la  mayoría han sido ha sus militantes. Más allá de la adscripción organizativa que tengan, es claro que son centenares de familias las que han vivido en el luto. Han quedado viudas, huérfanos, familias truncadas, vidas de jóvenes cortadas de tajo, como Teresa Bautista y Felicitas Martínez, locutoras de la radio “La voz que rompe el silencio”. Y a nadie parece interesarle que esta historia circular de odio, venganzas y muerte llegue a su fin.

Una y otra vez las reacciones de las autoridades estatales y federales no han podido ser más desafortunadas, aunque pintan de cuerpo entero al régimen y sus políticas. “No avisaron a nadie”, “¿Qué hacían extranjeros en ese lugar?, “Fue una irresponsabilidad”, fueron las declaraciones tras la muerte de los activistas de la caravana de la sociedad civil. Entonces hubo una negativa a ingresar a la zona. Y el argumento no pudo ser más elemental y vergonzante: “no podemos entrar porque hay gente armada en la zona”. Sólo hasta que se negoció con el UBISORT es que se pudo entrar, y a medias, a cumplir con una de las funciones sustantivas del Estado, la que le da la razón de ser: la seguridad de sus gobernados.

Luego en la segunda caravana programada para el pasado 8 de junio, montaron un gigantesco show, con centenares de policías haciendo “recorridos previos”, todo para luego decir que no había condiciones para entrar por había gente armada en la zona, ¡y podía agredirlos!

Ahora ocurre el asesinato del agente municipal, Anastasio Juárez, hermano del dirigente de la UBISORT y quien era reconocido oficialmente por el ayuntamiento y el gobierno estatal, aún cuando en San Juan Copala no sólo no le reconocían tal carácter, sino que incluso han proclamado su constitución en un “municipio autónomo” por parte del MULTI, que en esa comunidad tiene una presencia mayoritaria.

Y, para recuperar el cuerpo del dirigente asesinado, ahora si la policía organiza un operativo de un centenar de elementos, que llegan, recogen el cuerpo y se van. Otra vez, los poderes fácticos privan sobre las instituciones: Se repite el esquema en esta que parece tierra de nadie.

Pero no otra ha sido la actuación de los sucesivos gobiernos estatales y federales: su ausencia. ¿Desde cuándo se tiene que pedir permiso para transitar por territorio mexicano? Cierto, en la zona hay riesgos, violencia y enfrentamiento, por tanto hay que tomar precauciones y asumir responsabilidades; pero ese no puede ser el argumento de un gobierno para justificar su ineptitud. Su función es brindar seguridad en todo el territorio, perseguir y castigar los delitos. Y sin embargo, los crímenes ni se investigan, menos se aprehende a los culpables y menos aún se hace justicia. Al contrario, antes, cuando se presentaban hechos de violencia las policías eran las primeras en salir huyendo de la región; ahora ya ni entran. La inseguridad va acompañada de la impunidad que priva en la zona,… en Oaxaca,… en México. Y los gobiernos reconocen que han claudicado de su responsabilidad.

Es una ausencia del Estado de Derecho; la región triqui se ha convertido en una ínsula. Desde que inició el año no hay clases en Copala y están bloqueados sus accesos. El INEGI ha declarado que en todo el territorio mexicano se levantó el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 … excepto en Copala, en donde pese a negociar no con las autoridades de los tres niveles de gobierno sino con quienes mandan en la zona (ver Copala: herida abierta que desangra a los triquis. Revista En Marcha No. 126): el MULT, el MULTI y la UBISORT, desistieron de que su personal ingresara a la zona pues nadie les daba garantías de su integridad física. La inseguridad y el temor a los grupos paramilitares han dejado sin servicios y en la indefensión a buena parte del pueblo triqui. Es una suspensión de garantías de facto. Es la ausencia del Estado.

Y sin embargo, el Estado ha estado siempre presente. Fue de la mano de los primeros gobiernos del México independiente que los criollos despojaron a los triquis de sus tierras. Fueron las agresivas políticas estatales que permitieron la explotación de la etnia triqui. Las que permitieron la entrada de armas, la venta indiscriminada de alcohol, la violencia. Las que acompañaron la introducción del cultivo del café de manera intensiva y explotando la mano de obra. Los que permitieron cacicazgos, el ejercicio de gobiernos despóticos, la conformación de grupos paramilitares. Los que por acción u omisión sumieron a los triquis en la miseria, atraso, marginación y la violencia endémica en que viven. Fueron sus instituciones las que reconocieron primero el municipio de San Juan Copala, para desaparecerlo luego en 1948, con un argumento semejante al que ahora usan: la violencia incontrolable y el enfrentamiento fratricida entre los triquis. En toda esa historia de explotación y despojo estaba, está, la figura omnipresente del Estado.

Como lo ha estado también en los nuevos derroteros organizativos. Es con la irrupción del EZLN en 1994, en que, al considerar a la zona triqui en un foco rojo para la seguridad nacional, y al MULT en un potencial movimiento que podría secundar la insurgencia zapatista, cuando se destinan recursos, programas sociales, y se busca corporativizar hacia el Estado, con regular éxito, a los triquis; se alienta la creación del UBISORT. Se continúa con la impunidad y se permite que se enseñoree la violencia.

Es tiempo de exigir a los actores políticos y sociales de la zona, la asunción de responsabilidades y que muestren la disposición al diálogo y a la construcción de la paz. Y es de vital importancia exigir a los gobiernos que asuman su papel, que reestablezcan la vida institucional y el Estado de Derecho en la región triqui. Como en ningún otra parte está claro que ahí es un asunto de vida y muerte. Detener la guerra fratricida y brindar posibilidades de una vida con paz y dignidad para los triquis es lo menos que se puede exigir.

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